Cada oficina regional trabaja en las áreas programáticas que abordan los principales problemas de su respectiva región. La oficina para la Región Andina y Cono Sur trabaja en cuatro áreas:

Derechos Humanos y Ciudadanía
Este programa promueve el ejercicio de los derechos fundamentales, contribuyendo a la consolidación de la democracia basada en el estado de derecho y los principios de no discriminación. El trabajo se basa en una amplia perspectiva de los derechos humanos – incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales – y se concentra en dos objetivos: superar los mecanismos que discriminen en forma sistemática a grupos desprotegidos y fortalecer las instituciones gubernamentales con el objetivo de proteger los derechos.

Finanzas para el Desarrollo y Seguridad Económica
Apoyamos esfuerzos innovadores para ampliar la participación de las personas y las comunidades en la vida social y económica. Nuestro trabajo ayuda a generar activos individuales y comunitarios entre la población marginal, urbana y rural de bajos ingresos, con el fin de reducir la pobreza, la inequidad y la injusticia social. Para asegurar el progreso económico, uno de nuestros esfuerzos claves es el apoyo a las instituciones microfinancieras y servicios de desarrollo empresarial.

Gobernabilidad Democrática y Sociedad Civil
Este Programa busca fortalecer el buen gobierno y promover la inclusión social a través de la participación de la sociedad civil en la implementación de políticas públicas. Sus donatarios contribuyen a promover y consolidar la colaboración entre el Estado y la sociedad civil; construir instituciones y prácticas gubernamentales que sean eficientes y transparentes; fortalecer el estado de derecho y promover la equidad social.

Reforma Educacional
Nuestros donatarios buscan mejorar la capacidad de los sistemas e instituciones educacionales de promover la equidad en el acceso y resultados de la educación para las poblaciones marginadas de la región. Apoyamos el diseño y validación de modelos de acción para mejorar la calidad y equidad educativa para niños y niñas de sectores urbanos pobres, indígenas y/o afrodescendientes; la investigación empírica que contribuya al diseño de políticas públicas; y el fortalecimiento de redes Latinoamericanas que trabajen para producir e intercambiar conocimiento, información y análisis críticos sobre políticas regionales en educación.